Napoleón Gómez Urrutia asegura que sí volverá a México, pero cuando así lo digan sus abogados
En videoentrevista ofrecida desde Vancouver, Canadá, al periodista Carlos Marín, el líder minero Napoleón Gómez Urrutia aseguró que aun cuando ya tiene listo su boleto de avión para regresar a México, esperará a “sacar el pase de abordar”, porque “no vayan a salir alacranes debajo de las piedras”.
Luego de que el cuarto tribunal colegiado en materia penal, en el expediente 121/2014, considerara ilegal la última orden de aprehensión y, al hacerlo, exoneró a Gómez Urrutia del delito de fraude y desvío de 55 millones de dólares, el líder sindical comentó que este año tiene previsto regresar al país hasta que su equipo de abogados, encabezado por Marco del Toro, le dé luz verde.
En tanto, Napoleón Gómez Urrutia aseguró que continuará con las demandas penales contra los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón; asimismo, las acciones contra Germán Larrea, apoderado de Grupo México, y Javier Lozano Alarcón, senador y ex secretario del Trabajo, para que éste último “se siga riendo”.
Napoleón Gómez Urrutia, reelecto en mayo del 2014 como secretario general del sindicato minero para el periodo 2014-2020, aseguró que aunque la lista de demandados es extensa, sí incluye a Marta Sahagún, esposa de Fox, y además promoverán otra contra Lozano.
“Sabe que sus compañeros en el Senado, incluso los panistas, le compraron un bozal para que no vuelva a hablar. Cada vez que habla dice tonterías. Larrea hacía lo que quería con él, era su títere; ahora, con la resolución del tribunal, creo que se volvió otro ratón”, explicó Napoleón Gómez Urrutia.
Por ocho años Gómez Urrutia enfrentó un litigio penal contra los gobiernos panistas de Fox y Calderón, en cuyas administraciones fueron giradas 11 órdenes de aprehensión, además, solicitaron a Interpol la ficha roja y su extradición por el supuesto delito de desvío de recursos del fondo minero.
“Todo fue un invento, una calumnia, una difamación”, dijo Napoleón Gómez Urrutia, por ello, las 11 acusaciones fueron desestimadas, la última, por los magistrados José Luis Villa González, Héctor Lara Jiménez y Elvia Díaz de León D’Heres, quienes declararon inconstitucional la orden de aprehensión.
La persecución política, recordó, se originó durante el gobierno de Vicente Fox, luego de que el 19 de febrero de 2006 explotó la mina de carbón Pasta de Conchos, en San Juan Sabinas, Coahuila, concesionada al Grupo México. Ahí fallecieron 65 trabajadores y aún permanecen bajo los escombros 63 cuerpos que “fueron abandonados para cubrir la negligencia y la responsabilidad criminal, y los cuales se pueden recuperar por estar a 120 metros de profundidad”.
Durante año y medio, el sindicato presionó a través de huelgas para que se revisaran la condiciones de seguridad e higiene; sin embargo, se ignoraron y ocurrió la tragedia.
Por ello, detalló, “Grupo México, con la complicidad del gobierno de Vicente Fox y de Marta Sahagún, decidió suspender al quinto día las labores de rescate en la mina, retirarse y abandonar los cuerpos con absoluta impunidad, y para anular la presión de los familiares y del sindicato en el rescate, fabricaron un delito para cubrir el homicidio industrial de una empresa que, de nueva cuenta, causó una catástrofe en ríos de Sonora”, dijo.
Napoleón Gómez Urrutia comentó que el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, declaró que Fox le ordenó que “me arrestara junto a mis compañeros, precisamente para proteger a Grupo México de esa negligencia criminal”.
Napoleón Gómez Urrutia rechazó que sea insensato difundir que es posible recuperar los cuerpos de esa mina en la que, aparentemente, todo está carbonizado y existen altas concentraciones de gases tóxicos. Ahí, dijo, lo que persiste es la evidencia de que Grupo México incumplió con las medidas de seguridad e higiene y que el ex secretario del Trabajo Francisco Javier Salazar, designado por Fox, tenía negocios de proveedor de productos químicos.
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